Yuyo García presentó la Ley Micaela: “Que no se quede en un papel”

El papá de Micaela disertó en el Colegio del Uruguay, sobre la norma que obliga a capacitarse en género a funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado Nacional. Reclamó que la provincia adhiera y explicó aspectos centrales de la Ley.

Con el salón del Histórico Colegio del Uruguay casi totalmente colmado, se realizó un encuentro de “reflexión, promoción y debate” de la Ley Nº 27.499, que dispone capacitar en materia de género y violencia contra las mujeres a todo el personal –no solo funcionarios sino también a los trabajadores–  de los tres poderes del Estado Nacional. La norma, que lleva el nombre de “Ley Micaela”, por la joven uruguayense víctima de femicidio en 2017, que cursaba el profesorado de Educación Física en Gualeguay. La norma aun no rige en Entre Ríos, aunque ya hay proyectos para que la Provincia adhiera.

Fue en la noche de este miércoles 27 de marzo, en una actividad organizada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Fundación Micaela García “La Negra”, encabezada por los padres de la joven, Néstor Yuyo García y Andrea Lescano. La propuesta apunta a ratificar el compromiso de la entidad académica contra la violencia de género: la Uader fue la primera institución universitaria pública del país en adherir a la Ley Micaela, a través de una resolución del Consejo Superior, y creó un programa especial para cumplir con sus propósitos.

PROTOCOLO Y EMOCIONES

Aunque el acto contó con ribetes protocolares, estuvo cargado de emociones y en el inicio vibró con dos jóvenes de la Fundación Micaela, quienes con pañuelo verde y un discurso encendido, aseguraron que “la revolución es feminista y joven”. Tras la introducción a cargo del vicerrector Juan Bozzolo, se desarrolló una detallada, didáctica y potente exposición a cargo de Néstor Yuyo García, el papá de Micaela, quien es además decano de la Facultad Regional de la UTN y uno de los más activos divulgadores de la norma.

A pocos días de que se cumplan dos años del femicidio de Micaela en Gualeguay, la actividad además se enmarca en un compromiso público de diferentes sectores para que la Legislatura entrerriana adhiera a la ley, dado que la norma solo rige para los tres poderes del Estado nacional, y las provincias pueden o no adherirse.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de muchos de los precandidatos a la intendencia de Concepción del Uruguay, algunos de ellos acompañados por sus vices o por parte de sus postulantes al Concejo local. Varios aprovecharon para sacarse fotos con Yuyo García, y entre el público se comentaba la presencia no sin alguna crítica –no tan velada– a cierto oportunismo. Pero aunque haya sido por cuestiones de campaña, es relevante que se hayan preocupado por estar presentes, porque para que la Ley se aplique hacen falta hechos. Las intenciones quedan para la valoración de cada persona.

“…en la Argentina actual, el presupuesto total que destina el Estado para luchar contra la violencia de género, no llega a 2,40 pesos por mujer. No es suficiente”.

También se vio a concejales en actividad. Y a todos los presentes el papá de Micaela les agradeció el haberse acercado, destacando la respuesta positiva a la convocatoria que se les realizó. Y no desaprovechó la oportunidad para enfatizar en la necesidad de adherir a la ley.

El recuerdo de Carmen Argibay

En el inicio de su exposición, Yuyo García hizo un racconto sobre la historia de la ley, y comenzó explicando que “aunque muchas personas creen que nosotros desde la Fundación somos los autores de la ley”, en realidad “la ley nació mucho antes, en la mente de Carmen Argibay”, la inolvidable jueza de la Corte Suprema, feminista y atea, fallecida en 2014, quien fue la primera mujer en ser nominada por un gobierno democrático –el de Néstor Kirchner– para integrar el más alto tribunal de justicia de la Argentina. Argibay creó la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, y según contó Yuyo García, fue su ex colaboradora Flora Acselrad, hoy al frente de la Oficina, quien llevó adelante aquella idea original de Argibay para plasmarla en lo que hoy es la Ley Micaela.

“El conocimiento de las cuestiones de género no está en el Estado, está en las organizaciones sociales de base, por eso no compartimos que en el proyecto de adhesión, la capacitación esté en manos del Ejecutivo provincial.

El parlamento tuvo dos iniciativas de diferentes bloques peronistas –una de ellas del Movimiento Evita al cual pertenecía Micaela–, proyectos que se unificaron y pudieron convertirse en ley dada la presión pública tras la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthes. Aunque hoy resulte extraño, fue ese episodio el que disparó que el proyecto se incluyera en sesiones extraordinarias, y fuera luego aprobado casi por unanimidad, con un solo voto en contra: el del impresentable diputado Alfredo Olmedo, que ni siquiera argumentó su oposición en el recinto, aunque sí lo hizo luego en los medios, reproduciendo los ataques fanáticos e ignorantes de cierto sector religioso que, lamentablemente, viene avanzando en capas vulnerables de la sociedad argentina.

Entre los fundamentos históricos de la norma, Yuyo detalló algunos compromisos internacionales que la Argentina venía firmando (e incumpliendo) desde 1994, empezando por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida con el nombre de la ciudad brasilera donde se realizó: Convención de Belém do Pará), así como por la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Yuyo García repasó también el panorama nacional de adhesión a la ley. Y en ese marco destacó que Santa Fe fue la primera provincia en registrar iniciativas en ese sentido, donde el gobernador la envió a la Legislatura.

Ambos instrumentos internacionales plantean la necesidad de capacitar al personal de la justicia y a los agentes del Estado. Asimismo, la ley 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, también incluía la necesidad de capacitación en materia de género. De manera que la Ley Micaela vino, en palabras de Yuyo García, “a hacer cumplir al Estado argentino con compromisos que tenía pendientes”.

Qué dice la Ley

Con claridad didáctica y mechando con anécdotas de la relación con su hija, o citando  dichos de Micaela (“El mundo cambia si cada persona hace bien lo que tiene que hacer”) Yuyo fue explicando cada aspecto relevante de la ley. Por ejemplo, que obliga a capacitarse en materia de género “no solo a los funcionarios como algunas personas creen, sino a todo el personal, es decir que incluye a los trabajadores en todos los niveles de los tres poderes del Estado argentino”. En este sentido, el papá de Micaela marcó que por ahora, y de manera visible, solo el Poder Judicial –“para mi sorpresa”, agregó– ha sido el primero en dar pasos concretos en este sentido. Y remarcó que contra lo que pudiera pensarse, no solo no hubo resistencia por parte del personal, sino que las propias organizaciones sindicales reclaman a las máximas autoridades de la justicia la puesta en marcha de un programa de capacitación como lo establece la ley. Así lo hizo, por ejemplo, la UEJN, que agrupa a los trabajadores judiciales nacionales.

La autoridad de aplicación de la Ley es el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), que aprobará los programas de capacitación y tendrá a su cargo el control y monitoreo del cumplimiento, con indicadores cuantitativos que releven anualmente el grado de avance, por ejemplo, qué porcentaje del personal realizó las capacitaciones obligatorias. Es interesante marcar que la ley también establece que las máximas autoridades de cada poder (es decir, la Presidencia, los legisladores y hasta los jueces de la Corte) deben capacitarse, y en ese caso será el INM el encargado de realizarlo.

Otro detalle importante es que la ley prevé sanciones para quienes no se capaciten: considera una falta disciplinaria grave no asistir a las capacitaciones obligatorias y aunque no detalla otras sanciones, habilita al INM a hacer públicos los nombres de quienes se nieguen a capacitarse.

Puntos flojos

En el pormenorizado análisis de la norma, Yuyo García marcó también objeciones: por ejemplo, en la norma nacional no se especifica un presupuesto específico para la puesta en marcha de la ley, sino que se lo hace depender de los fondos ya presupuestados para cada dependencia. Esto, dice Yuyo, “es la parte más débil de la ley. Sé por experiencia que cuando hay crisis, lo primero que se eliminan son las capacitaciones. Y además en la Argentina actual, el presupuesto total que destina el Estado para luchar contra la violencia de género, no llega a 2,40 pesos por mujer. No es suficiente”.

En un sentido similar, expresó reservas en relación con las iniciativas que ya existen en Entre Ríos para que la provincia adhiera a la Ley. La principal tiene que ver con que pone en cabeza del Ejecutivo la capacitación: “El conocimiento de las cuestiones de género no está en el Estado, está en las organizaciones sociales de base, por eso no compartimos que en el proyecto de adhesión, la capacitación esté en manos del Ejecutivo provincial. El Estado debe ser capacitado desde afuera y desde abajo en cuestiones de género, no está en condiciones de capacitarse por sí mismo”, afirmó.

Lento avance pero firme

Yuyo García repasó también el panorama nacional de adhesión a la ley. Y en ese marco destacó que Santa Fe fue la primera provincia en registrar iniciativas en ese sentido, con la particularidad de que el propio gobernador, Miguel Lifschitz, fue quien la envió a la Legislatura, y existen otras iniciativas de diversos sectores lo que indica que pronto será aprobada. Provincia por provincia fue repasando en qué estado de avance se encuentra, para remarcar que es necesario difundir en todas partes la necesidad de capacitar en cuestiones de género, pero que en especial las provincias del Norte del país son las que más lo necesitan.

También mencionó la iniciativa que se impulsa ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que las universidades públicas avancen en políticas de este tipo al interior de las instituciones de educación superior.

Un fuero de Género

Otro aspecto de la aguda mirada de Yuyo García tiene que ver con los diálogos que viene desarrollando con la destacada antropóloga y filósofa Rita Segato, una de las pensadoras más lúcidas y escuchadas del feminismo en América Latina, con quien profundizó la relación a partir de que la estudiosa participara como “testigo experto” en el fallido juicio contra el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, el que permitió las salidas del femicida de Micaela.

En ese fluido diálogo entre ambos, la filósofa llevó a la propia Organización de Estados Americanos (OEA) algunas conclusiones y miradas surgidas de la implementación de la Ley Micaela. Quizás la más novedosa fue la idea –que Rita le adelantó a Yuyo García en diálogo por whatsapp poco antes de exponer en Washington– de crear un fuero especial dedicado a los crímenes de género, del mismo modo que existe un fuero laboral o civil.

En la misma línea de Rita Segato, Yuyo García también marcó que “el feminismo es fuerte en las clases medias, pero no está presente en los asentamientos más humildes, por eso es que desde la Fundación nos propusimos llevar la formación en género a los barrios, empezando por el Mena”.

Cambiando la Sociedad

En el cierre, un Yuyo García tan conmovido como fortalecido en sus convicciones, enfatizó en la necesidad de que la ley Micaela “no se quede en un papel”. Explicó con sencillez y contundencia las razones profundas que lo mueven a insistir incansablemente en sensibilizar al Estado sobre la temática. Hizo referencia a un episodio que se conoció bastante después del femicidio de Micaela. Recordó que unas horas antes, el viernes, un hombre fue a denunciar a quien sería luego el femicida porque tenía indicios de un intento de abuso a su hijita.

Yuyo contó que al hombre no le tomaron la denuncia “porque la jueza estaba de licencia. Le dijeron que volviera el lunes. Pero yo no tengo nada para reprocharle a ese policía. Si me lo cruzo, lo abrazaría. El no tiene la culpa, la culpa es del Estado. Si el policía hubiera estado capacitado en género, en violencia contra las mujeres, hubiera actuado de inmediato y hoy quizás la ley estaría, pero no se llamaría Micaela, yo no estaría hablando acá, y mi hija estaría viva”, concluyó demoledor. El aplauso posterior al cierre duró varios minutos, con buena parte de la concurrencia de pie, abrazando a su modo a ese padre.

Para concluir, el papá de Micaela hizo suya la convicción de Flora Acselrad, según quien “esta ley puede efectivamente cambiar a la sociedad”. El salón lleno, la presencia de los precandidatos, la noticia de que ya están superados los cupos para el taller que se realizará este sábado –“perspectiva de género y violencia doméstica para capacitadores” a cargo de la propia Flora– son una muestra potente de que, aunque falta mucho, la Ley Micaela ya lo está haciendo.

Fuente: A.S. para El Miércoles Digital